BOLETIN DEL CONSEJO LOCAL

2010-08-03T07:41:00.000-07:00

DÍA DEL NIÑO

2010-08-03T06:49:00.000-07:00

SABADO 7 DE AGOSTO

FIESTÓN del DIA DEL NIÑO!

En El Galpon Cultural del Bajo calle 133 y 477 “Arroyo Rodriguez”

Veni a compartir una tarde de juegos, musica, payasos, titeres,
La Murga del Galpon “Estampidos de Alegria”

Proyecciones, Chocolatada, Radio Abierta...y un monton de sorpresas!!!!!

Presentación de los talleres:
· Teatro de Tîteres (Realizacion y Función)

· Mural y Artes Plâsticas (Pintura, Dibujo y collage)

· Audiovisuales (Videos y Proyecciones)

· Música (Guitarra, Charango y otros)...

· ¡Veni, nos vamos a re-divertir!!!!

· Apartir de las 14 Hs....

... te esperamos!! (se suspende por lluvia)

Los niños y adolescentes NO DEBEN SER cautivos del desorden político.

2010-07-30T12:58:00.000-07:00

¿Quién habrá parido estas bestias? No caben dudas que todos somos responsables, pero algunos son culpables, y trazar una línea entre unos y otros aumentaría la calidad institucional. Este Consejo Local tiene la vocación de ser parte de un Estado que instrumente políticas para el compromiso social, y se aproxime definitivamente a los más desfavorecidos. Nuestra intención es declarar en huelga la indignación, porque nada más aberrante que el ataque silencioso a niños indefensos.

El pasado 30 de junio cuatro jóvenes de entre 12 a 22 años con deficiencias mentales de moderadas a graves ingresaron al "Instituto Hogar Convivencial -La Quinta", ubicado en 19 y 527 de la ciudad de La Plata. Los jóvenes provenían del "Hogar San Ignacio", presentando evidencias notorias de un estado físico frágil como consecuencia de la malnutrición. Sus cuerpos desvencijados tenían la marca de sus nombres, escritos con fibrón sobre la parte alta de la espalda. A medida que sus vestimentas salían de sus cuerpos se develaban las marcas de un Estado que no cuidó, ni protegió. Allí en esos cuerpos lesionados por cigarrillos, mordeduras y golpes reaparecen los fantasmas de un Estado que sigue manteniendo oculto en los laberintos institucionales, las canteras de autoritarismos más despóticos y abusivos de la dignidad humana.

Las denuncias interpuestas por la acción gremial de ATE, requieren que nos pronunciemos no sólo a favor de custodiar la debida investigación de estos hechos aberrantes, sino además exigir a los responsables de cada Secretaría Municipal y Ministerios Provinciales una urgente reunión interministerial en los términos que lo prescribe la Ley 13298, para declarar en emergencia la protección de derechos de niños y adolescentes que se encuentran inscriptos en programas de atención del Estado.

Amerita lo sucedido no demorar un minuto más la acción del propio Estado y de las Organizaciones Civiles para realizar un protocolo de auditoria, de cada convenio que el Estado provincial y municipal ha rubricado para reconvenir las pautas de tratamiento.

Los convenios no son contratos empresariales para dar servicios, porque los niños y adolescentes de esta provincia no son clientes cautivos del desorden político.

No se ha previsto en extremo la acción del Estado, incumpliendo lo más básico de cualquier dispositivo orgánico y político, por tal razón solicitamos la nómina de Hogares que atienden la problemática de niños y jóvenes de nuestro distrito con derechos vulnerados, como así también de la red de supervisión que tienen estipulada, con referencia de los responsables que actúan como funcionarios directos de los controles.

Este Consejo Local de La Plata, reunido en Asamblea repudia y exige que en el marco de las corresponsabilidades se haga JUSTICIA.

Para quién es peligrosa la calle.

2010-07-30T12:55:00.000-07:00

Para quién es peligrosa la calle.

Nada más atractivo que ese espacio. La seducción de la calle como espacio libre, no reglado, era y sigue siendo signo de un permiso especial para refractar en espejo un mundo lleno de tensiones desgarradoras.
Siempre será un espacio que vale pena recorrer.
Allí se condensa la expresión del sujeto social en lo público, donde coexisten lo más profundo y, a la vez, lo más infinitamente volátil de una sociedad produciéndose a sí misma.
Pero qué dificultoso resulta hablar de ella en estos tiempos en que los intereses de algunos operan con virulencia para hablarla como un lugar a evitar, por los peligros que encierra. Y casualmente decimos "encierra", en el sentido de haber provocado en la memoria colectiva una verdadera "encerrona". Estamos atrapados en la idea de ver en ella sólo lo peligroso, y si de niños molestos y atrevidos se trata, aún más peligrosa.
Los adultos estamos asustados porque resistimos que aparezca la capacidad de asombro e indignación cuando un joven en la calle se presenta ante nosotros como una amenaza. Ese joven sólo refleja nuestra incapacidad para comunicarnos con él, y desviste en el enojo que nos molesta.
Por lo tanto, la calle con sus cargas simbólicas es un dispositivo desintoxicante extraordinario para mirarnos como sociedad. Pero de eso hay que hacerse cargo.
Los pibes han promovido hasta programas estatales para buscarles un lugar instituido, pero rara vez se los incluye en una historia que les permita reconocer otro modo de estar en la sociedad con menos riesgos.
Por eso decimos que los pibes no son peligrosos, ni la calle su plataforma de despegue a la delincuencia. Insistiremos en recuperar ese espacio público como un lugar vital para encontrarnos con los pibes. Y desde el gesto esmerado, atemperado, le comuniquemos que estamos allí para cuidarlos.
Será la única manera de tonificar las redes de contención. Cada uno sumando una mirada plena de sentido humano. Tantos años de abandono e indiferencia no nos iban a salir gratis. Hoy los pibes están como pueden en la calle, pero de ninguna manera son la violencia originaria, son las víctimas de tanto silencio y ocultamiento.
Un vidrio polarizado, una arremetida cáustica en el semáforo, la "disputa" de una preventa para ir a bailar a lugares inaccesibles, la discriminación de otros que señalan por el aspecto a los elegidos encierran hostilidad y maltrato. Pero sólo se ven pibes atrevidos. ¡Qué paradoja!
Definitivamente, se trata de un problema de inclusión que no están asumiendo las políticas públicas en el marco de la corresponsabilidad que plantea la Ley 13298.
Comisión de Protección de Derechos de la Niñez (Daniela Martínez Rizzo, Andrea Fortino, Graciela Gómez, Mirta Rivero, Carmen Gutiérrez, María José Cano)

El Mundial de los Jóvenes

2010-07-19T12:39:00.000-07:00

Que son revoltosos, maleducados, que no les importa nada, que son violentos…. ¿Cuántas cosas más se dicen de nuestros jóvenes? A sí, que son delincuentes, que son irresponsables para la vida pero responsables de la “inseguridad”, etc, etc. Pues bien, los alumnos del secundario de la Escuela Técnica N° 7 el día 12 de julio acaban de hacer una actividad mundial en una jornada pedagógica, recreativa, deportiva y solidaria.

La actividad consistió en una jornada de “Cultura Mundialista” y Torneo de Voley, en donde cada equipo representó a un país de los que participaron en el Mundial de Sudáfrica, y para ello los chicos se aprendieron los datos significativos de la nación que eligieron sobre su historia, geografía, cultura. Pero además, el día del evento la entrada consistió en un alimento no perecedero que los chicos propusieron donarlos al Hogar del Padre Cajade.

“Tratamos de darle difusión porque los jóvenes trabajaron mucho por esto. El proyecto de la escuela era muy interesante y hay mérito de los profesores que le pusieron garra y de los chicos que se engancharon por encima de las expectativas” indicó Carmen Gutiérrez, trabajadora de la Escuela y presidente de la Comisión de Hogares del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez , la Adolescencia y la Juventud de la Ciudad de La Plata.

“Se habla mucho de los jóvenes en relación con la inseguridad y poco de acciones que ellos piensan, proyectan, realizan y complementan con acciones solidarias. Este trabajo en red, escuela, familia, instituciones de nuestra comunidad es un ejemplo más que nos dan los pibes” señaló Gutiérrez.

CONCURSO DE BARRILETES

2010-07-19T12:34:00.000-07:00

CONCURSO ANDANDO EL BICENTENARIO

2010-07-19T12:23:00.000-07:00

"ANDANDO EL BICENTENARIO" Es un Concurso destinado a poner en valor los derechos humanos en toda su dimensión, con un mensaje a los jóvenes tendiente a que tengan permanentemente en cuenta “el pasado, el presente y el futuro”.

“Andando el Bicentenario” se trata de una iniciativa que está orientada a niños y adolescentes, que invita a los jóvenes a desarrollar su creatividad en algún formato artístico, con contenidos entramados en la temática de los derechos humanos.

El mismo está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y está destinado a todos los jóvenes de entre 12 y 18 años que vivan en el territorio bonaerense. Se puede participar con una producción artística cuyo tema se relacione de alguna manera con los derechos humanos, y a partir de las siguientes dos categorías: letras (una poesía, un verso, una canción, una historia breve, un cuento, o un relato), e imágenes (un dibujo, un ícono, un emoticón, una representación pictórica, un collage o una fotografía).

El premio consiste en la posibilidad de publicar la obra ganadora y obtener $5.000 para la institución de referencia. para mas información debajo del afiche encontrarán el link.

http://www.sdh.gba.gov.ar/areas/concursoandandoelbicentenario.php

Registro Nacional de casos de torturas

2010-03-28T20:05:00.001-07:00

La Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, tienen el agrado de invitarlo a la presentación pública del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

La persistente violación de los derechos humanos en lugares de detención y a manos de las fuerzas de seguridad, han generado la necesidad de cumplimentar con este Registro que atiende los pedidos formulados por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas al Estado Argentino.

La presentación contará con la participación de la Dra. Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la UBA, el Dr. Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, el Dr. Hugo Cañón, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y la Lic. Alcira Daroqui, Directora del GESPyDH y miembro del claustro de Investigadores del Instituto Gino Germani FCS-UBA.

Fecha: 30 de Marzo de 2010

Hora: 18.00

Lugar: Salón Azul- Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

Acuerdo para la seguridad democrática

2010-02-23T12:08:00.000-08:00

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1. El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2. El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3. Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4. Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente
demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6. Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7. Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango
normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8. El papel de la justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención, y la violencia institucional.
9. Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10. Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

2010-02-08T12:02:00.000-08:00

1. ALCANCE:

Se trata de una prestación monetaria, no sujeta a aportes y contribuciones, de carácter mensual que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley de Asignaciones Familiares (Nº 24.714), modificatorias y complementarias. La prestación se abonará por hasta cinco (5) hijos.

2. MONTO:

Consiste en el 100% de la Asignación por Hijo actual prevista en la ley para los trabajadores activos y desempleados. Se trata de $ 180. El 80% de esta suma ($ 144) se percibirá directamente y el 20% restante ($ 36) se depositará en una cuenta a nombre del titular, cuyo saldo sólo podrá ser retirado una vez al año, una vez que se acredite que el menor concurrió a la escuela durante ese ciclo escolar y que cumplió con el plan de vacunación. Si no se cumple la presentación de estos certificados, se pierde el derecho a la prestación.

3. FECHA DEL PRIMER COBRO

Será a partir del 1º de diciembre de este año, según el cronograma que aprobará ANSES por terminación de número de documento del beneficiario.

4. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA PERCIBIR LA PRESTACIÓN?

1- Personas que perciben el Plan Familias a cargo del Ministerio de Desarrollo Social: NO DEBEN REALIZAR NINGÚN TRÁMITE. El Ministerio de Desarrollo Social y ANSES firmarán un acuerdo de transferencia de datos para evitar que las personas tengan que hacer algún trámite. El depósito de la prestación se realizará en el mismo banco que percibe hoy.
2- Personas que ya cuentan con sus datos personales y cargas de familia acreditados en ANSES: NO DEBEN REALIZAR NINGÚN TRÁMITE. La liquidación de la prestación se realizará conforme los datos obrantes en ANSES y se asignará una boca de pago correspondiente al código postal del domicilio registrado en ANSES. Si las personas quieren saber si sus datos están acreditados, pueden consultar la página de Internet de ANSES o brindar el dato en la UDAI.
3- Otras personas: Una vez efectuada la primera liquidación de esta prestación mensual (fines de noviembre), los interesados podrán ingresar en la página de ANSES o llamar al servicio 130 para corroborar si las reglas automáticas de liquidación han incluido su prestación. En caso negativo, las UDAI contarán con la posibilidad de cargar los datos en las bases informáticas.

5. ¿QUIÉNES SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS?

1. Los trabajadores formales declarados por el empleador con haberes superiores a $ 4.800.
2. Los trabajadores que se encuentren en el mercado informal percibiendo más de $ 1.500.
3 Los trabajadores autónomos.
4. Quienes perciban una prestación contributiva o no contributiva, ya sea nacional, provincial o municipal. Esto incluye jubilaciones, pensiones, planes sociales, asignaciones familiares formales, la prestación por desempleo, etc.

6. REQUISITOS ADICIONALES
Los hijos deben ser argentinos nativos o tener al menos tres años de residencia en el país.

Asignación Universal por hijo (peguntas frecuentes)
Consulta Asignación Universal (Ingresar por DNI o CUIL)
Constancia CUIL
¿Dónde se puede tramitar?
Para mas info remitirse a la página de la ANSES

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

2010-02-07T14:12:00.000-08:00

La Fundación EducArte CONTINUA CON EL SERVICIO DE PSICOLOGÍA para solicitar turnos se deben comunicar a: Lic. NANCY TESTA

TEL: 221 155656120

fundacioneducarte@yahoo.com.ar

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Y DE FAMILIA

2010-02-03T05:42:00.000-08:00

Informe elaborado por el Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria sobre la reforma que impulsa Scioli sobre la Ley 13.634 sobre Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y de Familia en la provincia de Buenos Aires:

UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA LA TORTURA
UN ATAQUE A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
OTRA REFORMA INCONSULTA Y SIN SUSTENTO CIENTIFICO RIGUROSO

La media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia , de un Proyecto de Ley que prevé la modificación de los arts. 41, 43 y 66 de la ley 13634, representa sin lugar a dudas un paso atrás en la lucha contra la tortura en nuestro país, un ataque a la CDN y la continuidad de una política provincial de seguridad contraria a los derechos humanos. Implica realizar ajustes al funcionamiento del sistema sin elementos científicos o registros estadísticos que lo sustenten y permitan un diagnóstico de situación riguroso. Por otro lado con la pretensión de ampliar el plazo por considerarlo exiguo, el ajuste se hace a partir del costo de mayor vulnerabilidad que pagan los jóvenes detenidos. Profundiza una tendencia a las reformas legislativas inconsultas y cerradas que tuvo su antecedente en la última Reforma Procesal Penal del año 2008.

1.- La ampliación del plazo de 12 a 24 hs. implica mayor vulneración de derechos:
La ampliación del plazo de 12 a 24 hs, que modifica el artículo 41 de la ley y que permitirá mantener un joven detenido el doble de tiempo hasta que el juez decida su destino, no es una adecuación de plazos que mejorará la prestación de justicia sin consecuencias prácticas. Es una modificación que someterá a los jóvenes a una mayor vulneración de derechos y los expondrá mas tiempo a padecer torturas y malos tratos en comisarías, alcaldías o centros de recepción.
Como suele acontecer con estas reformas, las mismas se redactan alejadas de la realidad y sin considerar sus consecuencias a la hora de aplicarse.
Al detenerse un joven, se lo debe alojar en alguna alcaidía o centro de recepción del sistema de encierro de la Subsecretaria de Niñez. En la realidad esto no acontece: en general los jóvenes son alojados en dependencias policiales hasta que el juez decida si lo detiene o no.

a) La detención en comisarías:
Incrementar el tiempo de detención de un joven en comisarías, implica incrementar la vulnerabilidad de estos, sumarle minutos, horas, a merced de una fuerza policial que ha sometido a los jóvenes a torturas, malos tratos e incluso la muerte. Más tiempo de detención, mayor posibilidad de padecer torturas, apremios y vejaciones.
De acuerdo a los datos registrados por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (y los que surgen del Registro de Denuncias de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Área Menores de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -actualmente disuelta-), se han producido en el período junio/2006 a julio /2008 setecientos (770) casos de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en perjuicio de novecientos treinta (930) jóvenes en conflicto con la ley penal o en situación de calle, en distintas instituciones de detención de niños o en oportunidad de procedimientos policiales.
Las torturas denunciadas son descriptas como: “Malos tratos, golpes de puño y patadas, golpes de puño en estómago, golpe en espalda con arma de fuego, puntapiés mientras estaba esposado, aerosol en los ojos, patadas en la espalda y cola con amenazas de violación y muerte, cachetadas, agresiones físicas y verbales, disparos con armas de fuego sin herir, permanecer arrodillado y esposado por varias horas, abuso sexual, maltrato psicológico, etc.”[1]
De todos los hechos denunciados el 93% por ciento fue cometido por la policía de la provincia de Buenos Aires (717 casos)
Las comisarías más denunciadas son las correspondientes a las jurisdicciones de San Isidro (39%), Mar del Plata (30%), La Plata (8%), San Martín (5%).
De los registros surge que muchos de los hechos se produjeron en oportunidad de alojamiento de niños en Comisarías.
Y en las comisarías en muchos casos los jóvenes son alojados con adultos, lo que genera un riego adicional de padecer situaciones de vulneración de derechos.

No debe olvidarse lo acontecido en los calabozos Nº 1 y 2 de la Seccional Primera de Quilmes, destinados a alojar menores de edad, se incendiaron. Como consecuencia de dicho incendio nueve jóvenes fueron internados en los servicios de terapia intensiva de distintos establecimientos (Hospital I. Iriarte de Quilmes, Clínica del Niño de Quilmes, Htal. de Gonnet de La Plata ); cuatro jóvenes fallecieron y los cinco restantes fueron dados de alta habiendo padecido lesiones de diferente consideración.
La detención de jóvenes en comisaría que se sigue dando en la práctica, se encuentra prohibida por distintos resoluciones y fallos judiciales: la Resolución 1623/04 del Ministerio de Seguridad que prohíbe el alojamiento de personas menores de edad en comisarías, ratificando la Acordada 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la PBA. La Disposición 1212/04 del Ministerio de Desarrollo Humano, que acota las demandas de internación. También en igual sentido resolvió la Suprema Corte Provincial con sustento en el Fallo Verbitsky (Res. 2769/97, 2121/98, 1368/99, Ac. 2768/97 mencionada, 2909/99, 3012/01, etc.) y en el habeas corpus dictado en La Plata por el Juez Cacivio.
En lugar de pensar en incrementar los tiempos de detención, los poderes del estado debieran controlar que se aplique efectivamente la normativa vigente.

b) La detención en alcaldías o centros de recepción:
Por otro lado en las alcaidias y centros de recepción se vulneran gravemente los derechos de los jóvenes. Extender los plazos de detención en dichos ámbitos es someterlos a las siguientes condiciones relevadas por este Comité en distintas inspecciones:
- hacinamiento
- jóvenes durmiendo en el piso.
- alojamiento con jóvenes que ya están detenidos por ser presuntos autores de delitos, sin clasificación alguna.
- suciedad, existencia de cucarachas y otros insectos en gran cantidad.
-carencia de sillas u otros elementos para sentarse, asi como también de mesas para realizar sus comidas diarias (en celdas colectivas de los centros y en alcaldías)
-encierro por más de 20 hs. sin actividades y sin acceso a la escolaridad (sobre todo en alcaldías). Esto que afecta a los jóvenes a los que ya se ordenó la detención, provoca malestar y violencia entre ellos, habiendo entrevistado jóvenes que en el corto lapso de 12 hs fueron víctimas de maltrato de parte de otros jóvenes o del personal de institutos.
-inexistencia de acceso a baños durante la noche, debiendo orinar en bidones y botellas. A veces también deben hacerlo de esta forma durante el día.
- inexistencia de red contra incendios y matafuegos vencidos
-malos tratos y torturas por parte del personal de las instituciones.

Toda esta ampliación de plazos además, carece de sentido en aras de lograr una mayor efectividad del sistema judicial.

2.- Mayor plazo de detención implica reducción de cupos:
Por otro lado incrementar los plazos implica incrementar la cantidad de jóvenes detenidos en simultaneo, demorando la liberación del cupo y por tanto la reducción de plazas del sistema. Esto provocará mayor cantidad de jóvenes detenidos en comisarías o bien en móviles policiales, aguardando la decisión judicial. Los Centros de Recepción y Alcaidías se encuentran sobrepoblados. A esto debe agregarse que en grandes extensiones territoriales de la provincia no existen estas alcaidias o centros de recepción en distancias de mas de 100 km , lo que de hecho implica asumir que son alejados en algun lugar. Ese lugar termina siendo la comisaría.

3.- El aumento de plazos atenta contra la especialidad del sistema:
Respecto a la reforma del artículo 43, que aumenta el plazo de 5 a 10 días para la celebración de la audiencia donde se evaluará la procedencia o no de la prisión preventiva, caben los mismos argumentos planteados para el art. 41, dado que no se fundamenta en parámetros estadísticos serios ni fundamentos científicos ni reales que permitan evaluar la conveniencia del mismo.
Además, se han omitido los dos últimos párrafos del art. 43 original que se refieren específicamente a:
1- la revisión trimestral, a pedido de la defensa, de la prisión preventiva
2- la audiencia oral para la decisión de la prisión preventiva que debe contar con la presencia obligatoria del niño, su defensor y el agente fiscal, bajo pena de nulidad. Donde además se tomarán todas las decisiones que respecto de su prorroga, cese y el carácter de la misma
Esta omisión afecta directamente garantías procesales constitucionales asegurados en los principios establecidos en el art. 2 de la misma norma, y atenta en forma directa contra los derechos de los niños frente al proceso penal. Se pierde la oralidad consagrada como una virtud al momento de diseñaer el sistema juvenil atentándose contra el derecho a ser oído del joven.
La revisión trimestral agrega al régimen legal vigente la garantía del debido control judicial y de la defensa de las detenciones y la progresión del joven en su situación de encierro.
Los actores deben ajustarse a la especialidad del sistema, y no ajustar ala especialidad a las falencias estructurales del sistema. En todo caso deberán crearse mayores órganos jurisdiccionales que garanticen la concreción de justicia en los plazos que la especialidad requiere.

4.- La sobrecarga de tareas en fiscales y jueces perjudicará la celeridad del proceso y su especialidad:

Frente a la reforma del artículo 66, la doble intervención del fiscal especializado y del juez de garantías del joven en un proceso donde aparezcan coimputados niños y adultos, redundará en una acumulación de causas donde habrá más imputados mayores con preventiva que niños, atentando contra la especialidad del sistema y la celeridad del proceso, y como consecuencia contra las garantía previstas en la norma para los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal.
Esto le restará tiempo a los órganos jurisdiccionales para el tratamiento de las causas para las que fueron creados

5.- Inconsistencia del proyecto de reforma, falta de un diagnóstico científico y ausencia de datos rigurosos:
Resulta preocupante que el proyecto de reforma se presenta con una absoluta carencia de datos consistentes, rigurosos y abarcativos sobre la totalidad del universo de prácticas institucionales que involucraría en el caso de ser aprobado, afirmando con inconsistentes fundamentos tal como “en la práctica” o “más allá de las consideraciones (legales) la puesta en práctica” una reforma que por su tipo, objeto y alcances no puede estar exenta de un diagnóstico empírico riguroso, alejando los fundamentos para el cambio normativo de expresiones que en si mismas delatan el margen de incertezas sobre las que se posan.
Ejemplo de ello es que, en sus fundamentos, el proyecto de ley estipula: “ La Ley 13.634 (…) sigue los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual crea un marco normativo en el cual se efectiviza el “interés superior del niño” (…) Ahora bien, más allá de estas consideraciones cuando el legislador toma la tarea de transformar una realidad, como la que estamos relatando, tiene la vocación de concretar la mejor normativa posible, sin embargo la puesta en práctica de dicha legislación es la que nos muestra la operatividad de la misma” (el resaltado es propio).
Sobre la expansión del plazo referido a la reforma del art. 43 sostiene: “Ahora bien, en la práctica, el plazo de cinco (5) días resulta insuficiente para recabar las pruebas que el mismo articulado requiere para que el juez se expida sobre dicha cuestión. Ejemplo de ello son las faltas de resultado de las pericias, el visu del arma, etcétera” (el resaltado es propio).
Ambos extractos son la mayor justificación que puede hallarse en el proyecto para avalar el problema que identifica y la solución que propone. Actualmente ninguno de los órganos estatales administrativos o judiciales ha generado información estadística pública que permita dar cuenta de dicha situación. La necesidad de contar con datos rigurosos, abarcativos y exhaustivos resulta imprescindible al momento de evaluar cualquier “operatividad” o “puesta en marcha” de un cambio técnico, institucional y legislativo de la profundidad y complejidad que supuso el reciente Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia. Aún no se ha cumplido un año de la puesta en funcionamiento del mismo en la totalidad de la Provincia (lo cual ocurrirá el 28/11/09), y aún tampoco se han producido cifras que permitan monitorear este proceso. Sin embargo, estos proyectos dotan de mayor discrecionalidad la toma de decisiones sobre reformas legales en materia penal juvenil, justamente aquello que la derogación del sistema de patronato se dió como meta. La única información disponible es la de cantidad de IPP abiertas para el primer semestre del 2009 para dicho Fuero, dato que no permite de ningun modo realizar lecturas situacionales en relación al problema planteado por el proyecto.

6.- Una nueva reforma inconsulta:
Una vez más y de manera similar a lo actuado al reformar el Código Procesal Penal de Adultos en la Provincia , el gobierno provincial pretende llevar a cabo una reforma inconsulta. La actuación del Senado que aprobó “entre gallos y medianoches” esta reforma sin consultar a las distintas organizaciones o instancia públicas que trabajan con esta temática, dan cuenta de la escasa apertura a la discusión democrática de parte de la Cámara Alta Provincial. Es preocupante que las reformas que deciden sobre la restricción de derechos de una parte importante de la población, se lleven a cabo sin la necesaria discusión y aportes constructivos de diferentes sectores.
El proyecto fue presentado por la Senadora provincial Edda Evangelina Acuña, del FPV.
En sentido inverso la Cámara de Diputados de la Provincia ha convocado a distintas organizaciones y defensores oficiales a una reunión de la Comisión de Niñez y Adolescencia con el fin de escuchar diversas opiniones. En igual sentido ha procedido el Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados.

7.- La Reforma atenta contra la Convención de los Derechos del Niño y es inconstitucional:
La reforma atenta contra lo dispuesto en el artículo 37 inc. D) de la Convención de los Derechos del Niño: “…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
En la actualidad el plazo es de 12 hs., su ampliación implica una regresión en el derecho consagrado al momento y que es el más breve, mas allá de la manda constitucional general del artículo 19 de la Constitución Nacional que prevé 24 hs. para la notificación a un aprehendido de las causales de su detención. Nuestro país adoptó la Convención que tiene rango constitucional y diseñó un sistema especial para los jóvenes. La extensión de estos plazos implica violar lo dispuesto en esta norma y atenta contra el principio de progresividad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establece que los avances obtenidos en la aplicación de un derecho, no pueden desmejorarse.
Sin lugar a dudas esta reforma inconsulta y sin sustento, es un retroceso en la lucha contra la tortura y las violaciones de derechos en nuestra provincia y por tanto debe rechazarse.

Planilla con firmas, Apellido y nombre, DNI y ocupación ENVIAR a provincial@foroporlosderechos.org.ar

BOLETÍN DE PRENSA

2010-02-03T04:02:00.000-08:00

Nuevamente este comienzo de año, y no por ello menos grave que otros años, después de todo un año de arduo trabajo conjunto, de esfuerzo compartido con los Equipos Técnicos de los Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, con las Direcciones de la Subsecretaria de Niñez y adolescencia en procura del restablecimiento de los derechos mas básicos como el derecho a la salud y al cuidado paliativo y a la asistencia integral para volver a la familia, a la escuela y al barrio.

La estructura burocrática del MINISTERIO DE ECONOMIA, esta vez por la CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, somete a nuestras instituciones, o sea a quienes tenemos la responsabilidad de alojar, rehabilitar, y promover a mejores condiciones de vida de los pibes, al ahogo financiero al maltrato interinstitucional, incumpliendo en tiempo y forma con la entrega de los recursos económicos vitales para seguir cumpliendo las funciones vitales para los que fuimos convocados por el mismo ejecutivo provincial.

El tratamiento que recibimos en lo económico (como si fuéramos proveedores del estado de insumos como café, combustibles, papel higiénico o de fax), negando la función social y la respuesta que estamos dando en la emergencia social en la que se encuentra la niñez vulnerada en sus derechos no tiene otro calificativo que no pueda encuadrarse como de incumplimiento de deberes de funcionario público a los responsables de esta situación.

Aproximadamente 15 Instituciones estamos en la misma situación, desconocemos si los Hogares, los Centros de Asistencia a la Discapacidad y los establec. Neuropsiquiatricos sufren la misma discriminación.

Exigimos coherencia gubernamental en el tratamiento de las prioridades y apoyo a la sociedad civil que no conoce esta situación si no la sufre de manera personal o familiar.

INFORME ENVIADO POR DANIEL AGAZZI ,COORDINADOR DE LOS NARANJOS ,SAN PEDRO.

(COMISION DE HOGARES del CONSEJO LOCAL)

Declaran ilegal el alojamiento de un menor

2010-01-08T15:19:00.000-08:00

Niños externados de unidades penales

LIMITES AL SERVICIO PENITENCIARIO

Una jueza declaró ilegal el alojamiento de un niño en un hogar religioso

La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, Dra Blanca Lasca, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Comité contra la Tortura de la Comision provincial por la memoria, favor de Matías, un niño que fue externado de la Unidad 33 de Los Hornos –donde vivía con su madre detenida- e internado en el Hogar Divina Luz de la localidad de Magdalena. La resolución judicial declara ilegal la privación de la libertad que viene sufriendo Matías, dispone arbitrar las medidas necesarias establecer un régimen de visitas con su madre y constata la situación irregular de otros 10 niños alojados en el Hogar Divina Luz.

En la presentación, el Comité dio cuenta de una situación habitual que sufren las mujeres detenidas junto a sus hijos: salidas e ingresos de los niños a las unidades carcelarias sin intervención de profesionales especialmente asignados para acompañar ese proceso; salidas de los niños de las unidades penales con personas que no forman parte de su vínculos familiares. Estas acciones se enmarcan en un procedimiento arbitrario e irregular llevado a cabo por el Servicio Penitenciario Bonaerense, a través del Consejo Asistido de la Unidad Penal Nº 33.

Ante esta situación, este Comité solicitó al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata un peritaje psicológico a Matías a los fines de constatar los efectos de la desvinculación con su madre y la designación de un perito trabajador social a los fines de evaluar las actuales condiciones y régimen de alojamiento en el Hogar Divina Luz. Asimismo, fue solicitado se ordene al Consejo Asistido de la Unidad 33 de La Plata que articule su intervención con el Servicio Local de La Plata , a fin de establecer mecanismos que garanticen la vinculación familiar de los niños alojadas con sus madres en dicha unidad penitenciaria (salidas con familiares, terceros e instituciones), las externaciones, y las posteriores visitas de los niños con sus madres detenidas. Y al servicio local-zonal que intervenga en el proceso de vinculación familiar de los niños alojadas con sus madres en dicha unidad penitenciaria (salidas con familiares, terceros e instituciones). Finalmente, ordenó que se establezca un régimen de visitas entre Matías y su madre.
Matías, nació en la Unidad N º 33 con un retraso madurativo y permaneció allí junto a su madre hasta que cumplió los 5 años, sin mantener contacto con otros familiares. Desde que se encuentra permitida la convivencia de niños menores de cuatro años con sus madres alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, este Comité contra la Tortura ha observado que, cuando la familia de la detenida no tiene posibilidades de retirar a los niños para pasar unos días en un ámbito distinto al encierro, organizaciones no gubernamentales (sobre todo de carácter religioso) solicitan la autorización de las madres para sacar a los niños/as de las unidades penales. Muchas detenidas que no mantienen contacto con sus familiares acceden a conceder estas autorizaciones para que sus hijos puedan conocer la vida más allá de los muros de la cárcel. En este caso, Matías había sido retirado en diversas oportunidades de la Unidad Penal por la encargada del Hogar Divina Luz de la localidad de Magdalena, donde finalmente fue externado.
El Consejo asistido de la Unidad N º 33, a partir de una autorización de la madre de Matías, dispuso su permanencia en dicho Hogar, sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos del Niño, al Servicio Local, Zonal o a cualquier otro órgano judicial de control. Este procedimiento es carácter ilegal, lo que convierte la permanencia de Matías en una restricción arbitraria e ilegal de su libertad, tal como fue resuelto por la Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, Dra. Blanca Lasca.
De estos informes, fue posible constatar que en el Hogar Divina Luz residen 10 niños, todos ellos hijos de mujeres detenidas en la Unidad N º 33. Dice el informe que la: “permanencia de los niños en el Hogar es irregular, dado que no existe documentación ni autorización legal de ningún organismo que lo acredite. No existen legajos, ni historias sociales, ni DNI de los niños. El establecimiento no posee equipo profesional, (…) el personal a cargo de la institución no posee capacitación, apelando al sentido común y a la voluntad, no teniendo registro de la responsabilidad que están asumiendo”
Respecto a Matías, señala que: “teniendo en cuenta que el niño puede comprender y conectarse rudimentariamente con su entorno, se considere que con una estimulación adecuada, con continuidad y personalizada, podrían obtenerse logros que mejoren su calidad de vida”. Que en el Hogar los niños reciben la visita de otros miembros de la iglesia evangélica, quienes “apadrinan” y toman así contacto con los niños. En el caso de Matías, la madrina es una “Doctora” de Capital Federal que le habría hecho estudios neurológicos (…)”

La resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, resolvió favorablemente el habeas corpus presentado por este Comité, en los siguientes términos:
I.- Declarar ilegal la privación de la libertad que viene sufriendo Matías…
II. Ordenar al Consejo asistido de la Unidad Penitenciaria nº 33 articule su intervención con el servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño en Transición de La Plata a fin de establecer mecanismos que garanticen la vinculación familiar de los niños alojados con sus madres en dicha Unidad penitenciaria, las externaciones y las posteriores visitas con sus madres detenidas.
III.- Ordenar al servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de La Plata , intervenga en el proceso de vinculación familiar de los niños alojados con sus madres en dicha Unidad penitenciaria, las externaciones y las posteriores visitas con sus madres detenidas
IV.- Ordenar al servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de La Plata tome intervención con respecto a Matías, alojado actualmente en el Hogar Divina Luz , estableciendo un sistema de visitas que garanticen la vinculación fluida con su progenitora, Marta…, alojada en la Unidad Penitenciaria Nº 33, garantizando la continuidad del vínculo madre-hijo
v.- Ordenar al servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de La Plata tome intervención con respecto a todos los niños alojados actualmente en el Hogar Divina Luz que se encuentren con sus derechos vulnerados, a cuyo fin acompaño copia de los informes pertinentes.

Diagonales

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Unidad Penal 33 de Los Hornos

Declaran ilegal el alojamiento en un hogar de hijos de detenidas

17-12-2009 / Una jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó regularizar la situación de once nenes, hijos de madres detenidas en la Unidad Penal N º33 de Los Hornos, alojados en un hogar religioso de Magdalena, lo que consideró como una "privación ilegal de la libertad". No tienen legajos ni DNI.

La Unidad Penal 33, donde permanecen alojadas las madres de los nenes alcanzados por el fallo

Los chicos son albergados sin control del servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño en Transición de La Plata , carecen de legajos y DNI, y no están en manos de personas capacitadas, afirma la justicia. El fallo -que fue firmado el 9 de diciembre pero que trascendió ayer- surgió tras la presentación de un habeas corpus por Matías, de 5 años, quien creció tras las rejas, fue externado y no visita periódicamente a su mamá.
La jueza Blanca Lasca resolvió favorablemente un habeas corpus presentado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria , que detectó que Matías había sido alojado en el Hogar Luz Divina de Magdalena, por decisión del Consejo Asistido de la Unidad N º 33 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras la autorización de la madre del chico.
"El fundamento de la presentación es que el contacto de Matías con su madre se da a veces, porque depende de la capacidad de la gente del Hogar, que lo traen cuando vienen a la Unidad 33", explicó Laureana Malacalza, del Comité.
La permanencia de los chicos en ese Hogar se realiza sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos del Niño, y sin el control ni participación de los Servicios Local y Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño que dependen del ministerio de Desarrollo Humano.
En su resolución, Lasca ordenó "al consejo asistido (a que) articule su intervención con el servicio Zonal de Promoción en Transición de La Plata a fin de establecer mecanismos que garanticen la vinculación familiar de los niños alojados con sus madres en dicha Unidad penitenciaria, las externaciones y las posteriores visitas con sus madres detenidas".
Además, el fallo obliga al servicio Zonal a que "intervenga", y que establezca "un sistema de visitas que garanticen la vinculación fluida (de Matías) con su progenitora, Marta, garantizando la continuidad del vínculo madre-hijo".

IRREGULAR. En las cárceles de la Provincia está permitido que los niños convivan hasta los 4 años con sus madres. Pero el Comité detectó que cuando la detenida carece de familia, "organizaciones no gubernamentales (sobre todo de carácter religioso) solicitan la autorización de las madres para sacar a los niños/as de las unidades penales", autorizaciones que se realizan de manera "arbitraria e ilegal", subrayó Malacalza.
Además, la Justicia detectó que "la permanencia de los niños en el Hogar (de Magdalena) es irregular, dado que no existe documentación ni autorización legal de ningún organismo que lo acredite. No existen legajos, ni historias sociales, ni DNI de los niños. El establecimiento no posee equipo profesional, (…) el personal a cargo de la institución no posee capacitación, apelando al sentido común y a la voluntad, no teniendo registro de la responsabilidad que están asumiendo".

Convocatoria

2010-01-08T15:17:00.000-08:00

"Somos una asociación civil sin fines de lucro de la ciudad de La Plata, que estamos trabajando en prevención y control de la violencia escolar. Trabajamos en las escuelas desde hace casi 3 años (ESB N°5 y ESB N°9), pero estamos necesitando gente que quiera colaborar con nosotros. Hemos conseguido dar un pequeño gran paso: el grupo de adolescentes con los que estamos trabajando han empezado a reflexionar sobre este tema, y consideran que hay que detener el flagelo que se instaló en las aulas. Ellos no quieren seguir viviendo así, quieren cambiar, pero necesitan ayuda.

Solo necesitamos que dispongan de una hora semanal para dictar los talleres cumpliendo la función de coordinador de grupo. Serán capacitados por miembros de la Asociación, para poder empezar el año próximo con el desarrollo de nuestra tarea.

Para conocernos visiten nuestra página: www.asociacionpablonicolas.tk. Si te interesa ponete en contacto con nosotros.

Si no te interesa trabajar en este proyecto, igual podes ayudarnos
No dejes de hacerlo. Sabemos que parece una tarea imposible, pero tenemos como lema la frase de un gran filósofo, que nos ayuda a seguir adelante:

"Cuando uno está soñando solo, es solo un sueño; cuando muchos sueñan juntos, es el principio de una nueva realidad"

Hecho gravisimo en la estación Temperley

2010-01-08T15:14:00.000-08:00

Temperley, 25 de diciembre de 2009.

Estimados y estimadas,

Todavía sin haber salido del estupor que me invade debido a lo que voy a contar, quiero hacerles llegar estas lìneas, dado que a través de la divulgaciòn de hechos como éste, creo podemos ayudar a que no se repitan.

Esta madrugada, siendo aproximadamente las 3, mi hijo Lautaro, de 20 años, volvía de la cena familiar de Nochebuerna y se dirigìa a casa de un amigo. Su padre lo acercó en auto hasta la estación de Temperley lado oeste y él cruzó la estación por el puente correspondiente. Sobre la vereda misma, observó que un joven colgado literalmente de un alambre y cubierto de sangre, estaba siendo golpeado con ferocidad por un uniformado y un par de personas màs. Lautaro se detuvo a metros y observó la situaciòn, inmóvil, y permaneció allì unos minutos.

Entonces se acercó a él un grupo de personas con uniforme, que por la descripciòn de botas y pantalón verde claro presumo pertenecen a gendarmería, y le ordenaron a mi hijo tirarse al suelo. Sin mediar explicaciòn le propinaron patadas en las costillas, le pisaron la mano, y cada vez que Lautaro intentaba explicar que él sólo pasaba por allí, la golpiza se acrecentaba. Lautaro dice ademàs que entre sus agresores había particulares y uniformados de seguridad del ferrocarril, que se turnaban para agredirlo. La agresión cobarde duró, según el cree, 10 minutos.

Por lo que Lautaro escuchó de boca de los uniformados, el joven que colgaba del alambre había sido sorprendido haciendo pintadas (digo, no se trataba de un asesino serial).

Ni bien se repuso mi hijo se dirigió acompañado de su padre a la Comisarìa de Temperley, distante a sólo 200 metros del lugar del hecho, donde radicó la denuncia. Allí pudo ver al agresor del chico que pintaba, yendo y viniendo dentro del destacamento.

Al enterarme de lo ocurrido, esta mañana, me dirigí a la estaciòn del ferrocarril para pedir informaciòn acerca del personal de guardia. La persona que me atendiò, un individuo prepotente, ni siquiera accedió a darme su nombre y me sugiriò que recurriera al libro de quejas. Me retiré mostrando mi indignaciòn y seguidamente me apersoné en la comisaria, donde fui recibida por el Comisario, quien se interiorizó del caso y me prometió que se seguiría el proceso pertinente para que la justicia actúe respecto a los responsables de la agresión. Al menos salí de allí con la sensaciòn de haber sido escuchada y con la palabra de que se investigaría.

Muchas cosas me dispara este suceso. La primera es la sensaciòn de desamparo en la que se encuentran nuestros jóvenes, por el sólo hecho de serlo, en especial si "portan cara". Pienso en la cantidad de chicos cuyas familias no se atreven a reclamar por temor a ser inquiridos y puestos en el lugar de "algo habrás hecho".

Las marcas que le quedan a Lautaro por suerte no son físicas - fue cuestiòn de azar que no lo golpearan en la cabeza, por ejemplo - pero està asustado, dolido y entrando en el mundo de los adultos con la sensaciòn de que ser jóven es delito.

Lautaro es estudiante de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Lanùs, un joven pacífico y dueño de valores como la solidaridad y el compromiso. Nada, con esto quiero pintar un estilo que está en las antípodas de lo que podría ser un chico violento, de éstos que a veces los medios nos muestran bebiendo o peleando entre bandas, chicos que aún así tienen el derecho a ser llevados ante el destacamento respectivo en averiguaciòn de antecedentes, con las garantías que nos brinda la Constituciòn.

No es grave porque le haya pasado a él. La gravedad, me parece, tiene que ver con la sensaciòn de impunidad de una corporación a la que le cuesta terminar de enterarse que los ciudadanos exigimos que se actúe de acuerdo a la ley. Quiero decir, si los que nos cuidan del delito son los que golpean a nuestros hijos porque son jóvenes, estamos en problemas.

Estela Zanlungo

DIEZ PUNTOS DE ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

2010-01-08T15:11:00.000-08:00

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5.- Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales. Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS). Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense. Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación

Fuente: http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137771-2009-12-29.html

Nuevo Blog del Consejo Local (PRUEBA)

2010-01-04T18:50:00.000-08:00

Bienvenidos al nuevo blog del consejo local - AGENCIA DE NOTICIAS - es un espacio destinado a la difucion de informacion, noticias relevantes sobre el consejo local y las organizaciones que forma parte del mismo.
A la espera de que entre todos podamos mejorarlo dia a dia se aceptan con mucho gusto sus criticas, comentarios o información (en forma de noticias o convocatorias hacia la comunidad) con gusto las publicaremos en este espacio. Saludamos - Comision de Comunicación del Consejo Local de La Plata -